Aunque las conclusiones de la llamada “Comisión Engel” trajeron cambios que fortalecieron la normativa de declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos, la regulación aún tiene debilidades, particularmente respecto de los parlamentarios. Así lo demuestra el caso del diputado Daniel Farcas (PPD). Pese a ser uno de los congresistas con mayor patrimonio, su declaración no permite saber en qué rubros invierte. El diputado dice haber entregado su cartera a un fideicomiso, pero es secreto y no cumple con las exigencias de la nueva ley. La fiscalización está en manos de los propios diputados.

El 31 de marzo pasado venció el plazo para que las autoridades de todo el país presentaran sus declaraciones de patrimonio en el formato que establece la nueva Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (Nº 20.880). Esta nueva declaración debería permitirnos verificar que, por ejemplo, los parlamentarios que poseen un cuantioso patrimonio no legislen en temas en los que tienen intereses. Sin embargo, una revisión de la declaración hecha por el diputado Daniel Farcas Guendelman (PPD), es una alerta de las debilidades de esta flamante ley con un largo y rimbombante nombre.

La declaración del diputado Farcas llamó la atención desde el primer momento por la magnitud de su patrimonio –más de $10.800 millones– y fue objeto de diversas notas de prensa y entrevistas. Por esa misma razón, CIPER la revisó y constató que allí no se informan los datos indispensables que permitan evitar posibles conflictos de interés, ya que se omiten los rubros de las inversiones del diputado (ver declaración).

De la lectura del documento se desprende que, aparte de una empresa de transportes cuya participación valora en $250 mil, el resto del patrimonio de Farcas se concentra en dos sociedades de inversión cuyos activos serían administrados por un fideicomiso. El grueso de su fortuna corresponde a Inversiones Kava Ltda. ($10.766.467.465), sociedad de la que es dueño en un 99%. Siendo el diputado el controlador de Kavas, la nueva ley le exige que dé a conocer en qué sectores invierte. Pero en su declaración esa información permanece oculta.

CIPER inició entonces un rastreo en bases de datos disponibles para intentar dilucidar las zonas oscuras de sus inversiones. En base a esos datos (Diario Oficial, entre otros), es posible concluir que Kava tiene participación en múltiples sociedades. Y aunque no está claro el rubro de cada una, al menos debiera explicitarse su conflicto de intereses en temas farmacéuticos, acuícolas e inmobiliarios.

Al comienzo de su periodo, Daniel Farcas integró la Comisión de Vivienda de la Cámara, pese a que él mismo reconoció recientemente a La Segunda que tiene intereses en el rubro inmobiliario. Cuando se le consultó cómo se llamaba la constructora de su familia, afirmó no conocer el nombre: “sé que hacen algunas cosas, pero no sé dónde están construyendo”. A T13.cl le dijo que el origen de la fortuna familiar es la desaparecida cadena Guendelman, y aseguró que él no controla los $10,8 mil millones que declaró, sino que es parte del patrimonio de la familia Farcas.

Inversiones Kava Ltda. fue creada en marzo de 2005 por el diputado y su hermana Claudia Farcas, con un capital de $1 millón, monto que él aportó en un 99%. El objeto es amplio e incluye “toda clase de servicios, consultorías y asesorías” y la inversión en Chile y el extranjero en toda clase de bienes. La sociedad no ha tenido cambios en su composición, pero el 23 de abril de 2014, poco después de asumir como diputado, Daniel Farcas traspasó la “representación y administración de la sociedad y uso de su razón social” a su padre Adalberto y a su hermano Ariel.

Desde su creación hace 12 años, Kava ha invertido en millonarias participaciones en múltiples negocios de la familia Farcas, como Inmobiliaria Vertical (y a través de ésta en Agrícola Vertical), Tikún, Kineret, Tarbut, Teknol y Clarial, entre otras. Para hacerse una idea de los volúmenes de inversión: sólo entre 2014 y 2015, cuando su cartera ya estaba supuestamente en manos de un fideicomiso, Kava suscribió acciones por más de $9.900 millones en Tikún.

El árbol de sociedades de los Farcas tiene su corazón en el Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), empresa creada en 1979. En los años noventa, Adalberto Farcas le cedió a cada uno de sus cuatro hijos Farcas Guendelman (incluyendo el diputado) un 9% de participación y otro 9% bajo la fórmula de nuda propiedad, quedándose él con el usufructo vitalicio. Los derechos de sus hijos fueron transferidos a Clarial en 2005. Tras sucesivas modificaciones, Centrovet quedó controlada en 2012 por Farquímica y Holding Salud Animal. A su vez, Centrovet controla Inversiones HSA.

No es un negocio pequeño. En 2009, El Mercurio informaba que Centrovet ya facturaba US$30 millones al año. Adalberto Farcas y sus cuatro hijos controlaban el 80% de la compañía, mientras que el 20% restante había sido adquirido por Víctor Hugo Puchi, el mayor empresario salmonero nacional y controlador de AquaChile. El interés de Puchi en Centrovet no es difícil de adivinar: el producto estrella de la compañía son las vacunas para salmones.

Tres años más tarde, en 2012, vendría su internacionalización, cuando una de las mayores farmacéuticas veterinarias del mundo ingresó a la propiedad de Centrovet a través de un joint venture. Se trata de la francesa Virbac, que en ese momento facturaba más de 700 millones de euros al año, mientras que Centrovet ya vendía US$ 58 millones, según medios especializados.

Inauguración en Centrovet: el senador Guido Girardi, el ministro de Economía y el ministro de Agircultura cortan la cinta.

En noviembre de 2014, Centrovet inauguró con bombos y platillos un Centro de Investigación y Desarrollo en su sede de Cerrillos, con una inversión de US$12 millones. A la ceremonia asistieron representantes políticos de alto nivel. La cinta tricolor la cortaron el ministro de Agricultura, Carlos Furche; su par de Economía, Luis Felipe Céspedes; y el senador Guido Girardi (PPD), muy cercano al diputado Farcas. No era la primera vez que el senador Girardi visitaba la planta: en 2008 estuvo en el lugar junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

El año pasado, sin embargo, Centrovet fue un lastre para Virbac. Según informó la cadena francesa BFM Business, Chile fue el único lugar donde sus ventas cayeron. “En ese país Virbac fue penalizada por la industria chilena del salmón, que después de haber recurrido masivamente a los antibióticos, decidió restringir esa práctica, lo que hizo caer las ventas del grupo francés en ese mercado”, publicó en enero BFM Business.

LAS OMISIONES DE FARCAS

¿Quién es Daniel Farcas? La pregunta se plantea en un antiguo blog creado por el actual diputado por Conchalí, Huechuraba y Renca. El texto parte describiendo su trayectoria política y enumera los múltiples cargos que ha ejercido en el sector público. Detalla también su gestión como pro-rector y vicepresidente de la Universidad UNIACC (para lo que no cuenta ahí, ver reportaje “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”) y menciona sus numerosos grados académicos, incluyendo “post grados en administración de empresas, finanzas y marketing, Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University” (aunque no especifica que es una universidad virtual).

Al final del texto, se refiere a sus actividades empresariales y dice que ha sido director ejecutivo, asesor comercial, gerente y socio de las siguientes empresas: Transportes Conferencia Ltda., Centro Veterinario y Agrícola (Centrovet), Inversiones Kava Ltda., Farquímica Ltda., Inmobiliaria Vertical S.A.

En su nueva declaración de patrimonio (entregada el 31 de marzo) y que actualiza una declaración similar hecha cuando asumió como diputado en 2014, Daniel Farcas sólo menciona a Transportes Conferencia y Kava. También señala que es dueño del 1% de Inversiones Cloni Limitada, con $82.257.112. Sin embargo, el registro del Diario Oficial indica que se retiró completamente de esa empresa familiar en julio de 2013.

En 2014, su declaración de intereses incluía también una participación en Productos Químicos Ehlinger, pese a que no la mencionaba en su declaración de patrimonio. La nueva norma contempla un solo formulario, que incluye intereses y patrimonio. Según el manual que preparó el gobierno, esto es así debido a que ahora “se reconoce la dimensión de fuente de conflictos de intereses que posee el patrimonio, por lo que la separación entre patrimonio e intereses carece de justificación”.

Aunque hay una casilla en que se pregunta por “otras fuentes de conflicto de intereses”, el reglamento señala que el llenado de la casilla es voluntario (Farcas la dejó en blanco). Si además el mero nombre de las sociedades en que una autoridad participa no permite deducir en qué áreas invierte y el giro es tan vago como “inversiones”, tampoco se puede saber dónde podría haber conflictos de intereses, como sucede en este caso. El área de potenciales conflictos aumenta si se toma en cuenta que sólo se obliga a explicitar las inversiones de sus sociedades cuando se es controlador o administrador de la misma.

Eduardo Engel, quien presidió la comisión anticorrupción conocida por su apellido, señala que este aspecto de la ley pudo ser más exigente:

–Hubiese sido mejor tener detalles sobre las inversiones de sociedades que no controla el funcionario público, en la medida que los montos en cuestión sean significativos, ya que en caso contrario será difícil detectar conflictos de interés. Por ejemplo, un alcalde puede tener una participación minoritaria pero significativa en la sociedad “Santo Alcalde”, dueña de la empresa recolectora de basura “Diabla Basura”. Si el alcalde favorece a “Diabla Basura” en la licitación comunal, su declaración de patrimonio e intereses no servirá para detectar este ilícito, pues solo menciona a “Santo Alcalde” y no a “Diabla Basura” –explica Engel.

El caso del diputado Farcas es un poco más complejo. Su declaración incluye un mandato entregado a Portafolio Capital S.A. para la administración de una cartera de valores por un total de $10.848 millones (la suma de los activos de las tres sociedades que él mismo declara). Según el formulario llenado por Farcas, el contrato de ese fideicomiso fue firmado el 24 de diciembre de 2013 en la notaría de René Benavente.

CIPER fue a dicha notaría a consultar los índices y también revisó los documentos del Archivo Judicial y no encontró ningún registro que acredite que el contrato se firmó la víspera de la Navidad de 2013, como consignó el diputado. Simplemente no hay huella de la escritura.

CIPER entonces consultó al diputado Farcas por el contrato del fideicomiso. Su respuesta fue que nuestra búsqueda había sido en vano ya que el contrato del fideicomiso se hizo a través de una escritura privada. Eso significa que solo las partes se quedan con un facsímil.

El diputado Daniel Farcas declinó dar a conocer la copia de dicho contrato. Dijo no entender por qué él iba a ser el foco de un reportaje y no confiar en este medio, por lo que mantendrá en secreto el contrato. Insistió, eso sí, en que el fideicomiso “es ciego”: “He sido súper transparente y de una sola línea. No he participado en nada. No tengo idea en qué está invertido”.

Cabe recordar que, al momento de supuestamente firmar el fideicomiso, la situación de Farcas era como la de Sebastián Piñera en 2009: meramente declarativa, pues no existía una ley que fiscalizara que fuera realmente ciego. Según ha dicho el Superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, más allá de lo que diga el contrato entre privados, la ley obliga al mandatario a entregar información de sus inversiones si el mandante así lo requiere.

De todos modos, si el fideicomiso de Farcas existiera y estuviera regulado para ser ciego, la nueva ley establece que la copia del mandato debiera estar publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados, con el inventario de los valores sobre los que se constituye el mandato. Además, la empresa escogida para administrar el patrimonio del diputado debiera estar inscrita en un registro especial de la SVS. Nada de eso sucede.

Es importante destacar que la nueva ley solo obliga a crear un fideicomiso o enajenar los activos a quienes tengan un patrimonio de 25.000 UF ($664 millones) invertidos en “acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda”. Esos requisitos no se aplicarían al patrimonio de Farcas, al menos de manera directa, pues el monto mayor está invertido en una sociedad anónima cerrada (Kava).

La norma que sí le corresponde cumplir es la que lo obliga a detallar sus inversiones. Y ello, porque en Inversiones Kava el diputado declara poseer el 99% del capital. El artículo 7, letra e) explicita que cuando un funcionario sea el controlador de una sociedad o pueda influir decisivamente en su administración, deberán incluirse en la declaración de patrimonio sus bienes inmuebles, derechos, concesiones, valores y acciones en comunidades, sociedades o empresas. Como se dijo, nada de eso cumplió el diputado Farcas.

Además de la letra de la ley, que en este caso es clara, existe un reciente pronunciamiento de la Contraloría referente al artículo que obliga a vender o delegar en un fideicomiso el patrimonio de una autoridad y cuya interpretación podría extenderse a otros acápites de la ley. El pronunciamiento responde a una consulta del gobierno respecto de si las autoridades se deben desprender solo de aquellos títulos en que tengan propiedad directa o también incluye a aquellos en los que se participa a través de otra sociedad. La respuesta del contralor Jorge Bermúdez es tajante: se refiere a la propiedad “por sí o a través de una sociedad u otra entidad en la cual tengan participación”. Interpretarlo de otra forma, dice el dictamen, “permitiría vulnerar las obligaciones en análisis con relativa facilidad, mediante la constitución o integración de sociedades y el correspondiente traspaso de los pertinentes títulos, restando eficacia a la preceptiva establecida al efecto”.

DÉBIL FISCALIZACIÓN A PARLAMENTARIOS

Quizás el principal avance de esta nueva ley de probidad es que entrega a la Contraloría atribuciones para fiscalizar la veracidad de las declaraciones de patrimonio  y establece sanciones cuando no se cumpla con las normas. Hasta ahora, y tal como lo reportó CIPER en múltiples oportunidades, no era poco habitual encontrar declaraciones incompletas o con graves omisiones, sin que nadie se hiciera cargo de aquello.

Camara de DiputadosEn el caso de aquellas autoridades que están fuera del alcance fiscalizador de la Contraloría, el avance es más ambiguo. En lo que respecta al Congreso, la ley otorgó la supervigilancia a las respectivas comisiones de ética de cada cámara, las que están compuestas por los mismos parlamentarios.

A diferencia de la Contraloría, que recibió atribuciones para pedir información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la SVS, al Servicio de Impuestos Internos (SII), los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y a cualquier otro organismo público, no sucede lo mismo con el Congreso. Es decir, las comisiones de ética no tendrán facilidades especiales para poder chequear el contenido de las declaraciones de patrimonio y sólo accederán a información que es pública.

El prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, explicó a CIPER que la corporación firmó un acuerdo con el Registro Civil para facilitar el chequeo de los datos de las declaraciones. Si bien hay otro convenio con el SII, dicho organismo aún está evaluando qué información puede entregar, pues la ley no le permite dar a conocer datos amparados bajo el secreto tributario.

La ley señala que si un parlamentario no hace su declaración a tiempo o lo hace de manera incompleta o inexacta, “será apercibido” por la respectiva comisión y tendrá otros diez días hábiles para entregar el documento corregido. Si no lo hace, la multa es de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones), descontables de su dieta, por cada mes en que no corrija la falta. Las comisiones pueden iniciar el procedimiento sancionatorio de oficio o por denuncia de cualquier interesado, y si el parlamentario no está de acuerdo con la resolución puede presentar un recurso de reposición, que resuelve la misma comisión. A diferencia de los funcionarios de la administración del Estado, que pueden ser incluso removidos de sus cargos, para los parlamentarios no hay más que una multa.

Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputados, dijo a CIPER que la Comisión de Ética decidió de oficio realizar un chequeo de los datos de todas las nuevas declaraciones de patrimonio. Para ello mandató a un equipo de cuatro personas de la Oficina de Informaciones para que en 45 días cruce la información con otras fuentes abiertas, plazo que vence a fines de mayo.

Además, actualmente en el Senado se tramita un proyecto de ley que crea una Dirección de Ética y Transparencia bicameral, iniciativa de los propios parlamentarios para enfrentar la crisis de confianza agudizada tras el escándalo de las platas políticas. La nueva dirección estaría compuesta por profesionales propuestos por Alta Dirección Pública y en el caso de las declaraciones de patrimonio su labor sería investigar su veracidad para luego entregar los resultados a las comisiones de cada cámara, que por ley son las que deben sancionar. Se espera que la nueva norma, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, se despache en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso del diputado Farcas servirá para poner a prueba la nueva ley. A partir de la información que entregó, los chilenos no pueden saber de sus millonarios intereses en los cuestionados antibióticos de los salmones, ni que invierte dinero en negocios inmobiliarios, y tampoco fiscalizar que no vote en su beneficio. La Comisión de Ética tiene ahora la palabra y queda por verse si hubo mejoras reales en materia de probidad o es letra muerta para los parlamentarios.