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A siete años del estallido: Chile sigue sin registro único de víctimas de violencia institucional

Informe UDP advierte que el Estado no ha consolidado un registro interinstitucional ni una política de reparación integral para quienes sufrieron lesiones durante las manifestaciones.

Víctor Reyes2 min de lectura
A siete años del estallido: Chile sigue sin registro único de víctimas de violencia institucional

A siete años del estallido social, el Estado chileno aún no cuenta con un registro consolidado que establezca cuántas personas fueron víctimas de violencia institucional durante ese periodo, ni con una política de reparación integral dirigida a ellas. Así lo concluye la investigación de las académicas Elizabeth Lira y Daniela Mansilla para la 24.ª edición del Informe del Centro de Derechos Humanos UDP, según lo informado por El Dínamo.

El estudio revisa las medidas adoptadas por el Estado para atender a las personas que sufrieron lesiones durante las manifestaciones y las dificultades que persisten para garantizar su rehabilitación. Para quienes vivieron esas jornadas, la falta de un registro único se traduce en un problema concreto: sin datos consolidados no hay forma de saber cuántas personas quedaron fuera de las respuestas estatales ni de exigir reparación.

Las autoras reconocen avances en la respuesta sanitaria, pero plantean que esta no ha sido acompañada por una política integral. Es decir, la atención médica existió, pero no se articuló con un sistema que identifique, registre y repare a las víctimas de forma sostenida en el tiempo.

El punto crítico está en las iniciativas que debían resolver esa omisión. “Las distintas iniciativas desarrolladas posteriormente, incluida la Comisión de Víctimas de Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no lograron consolidar un registro único e interinstitucional de las víctimas”, advierten Lira y Mansilla en el informe.

La consecuencia es directa: sin un registro único e interinstitucional, las personas que sufrieron lesiones durante las manifestaciones quedan sin un instrumento que acredite su condición y, por lo tanto, sin una base clara para acceder a rehabilitación o reparación. La responsabilidad recae en las instituciones que debían consolidar ese registro y no lo hicieron, según el diagnóstico de las académicas.

Lo que falta, de acuerdo con la investigación, es precisamente lo que el texto identifica como pendiente: un registro consolidado de víctimas y una política de reparación integral. A siete años del estallido, ambas tareas siguen sin resolverse.

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Víctor Reyes
Redacción · 17 de noviembre de 2026 · 09:15

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