En el Chile de Kast, miles de profesionales vuelven a engrosar las filas de los “cesantes ilustrados”, pero ahora cargando además millonarias deudas universitarias. Mientras el 42,9% de la fuerza laboral titulada enfrenta desempleo o subempleo, el prometido orden económico de la ultraderecha revela su verdadero rostro: títulos sin trabajo, empleos precarios y créditos que el Estado no deja de cobrar.
El cierre de la embajada de Chile en Irán, anunciado por el Gobierno de Kast bajo argumentos de seguridad y reorganización diplomática, abre interrogantes sobre un posible giro de la política exterior chilena hacia un mayor alineamiento con Estados Unidos e Israel, en momentos en que La Moneda busca además contener la presión arancelaria de Washington.
La incautación y peritaje del teléfono de Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro”, podría convertirse en una pieza clave de la investigación por las presuntas irregularidades en Junaeb. El cruce de mensajes, contactos, reuniones y antecedentes financieros podría revelar nuevas conexiones entre actores políticos, empresariales y operadores de poder, abriendo aristas hasta ahora desconocidas en una causa que amenaza con transformarse en una verdadera caja de Pandora.
La investigación por presuntas irregularidades y coimas en Junaeb suma un nuevo antecedente: Matías Pizarro O’Ryan, gerente general de Soser S.A., habría integrado como secretario la Fundación Proyecto Futuro, entidad vinculada al entorno político del senador Miguel Ángel Calisto y que también aparece mencionada en una investigación por fraude al Fisco. El cruce de nombres y organizaciones abre nuevas interrogantes sobre los vínculos entre ambas causas.
El senador Miguel Ángel Calisto reestructuró su defensa penal y fichó al abogado Nelson Salas Stevens en momentos en que enfrenta un escenario judicial cada vez más complejo: mientras se reactiva la causa por presunto fraude al Fisco en Aysén tras el revés sufrido ante el Tribunal Constitucional, una segunda investigación vinculada a eventuales irregularidades en Junaeb suma nuevas diligencias e incautaciones. Dos causas distintas, dos fiscalías diferentes, pero un mismo protagonista político en el centro de ambas investigaciones.
Dos investigaciones judiciales distintas comienzan a estrechar el cerco sobre el senador Miguel Ángel Calisto: mientras en Aysén sigue pendiente la causa por presunto fraude al Fisco, en el caso JUNAEB-SOSER la justicia autorizó revisar sus movimientos bancarios desde 2018, una diligencia que podría revelar antecedentes relevantes para ambas pesquisas si aparecen transferencias, vínculos o comunicaciones coincidentes.
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, despejando el camino para que continúe la investigación por presunto fraude al Fisco.
La resolución no implica culpabilidad, pero mantiene abierta una ruta judicial que podría conducir a una nueva solicitud de desafuero y, si esta prospera y se cumplen las etapas procesales correspondientes, a un eventual juicio oral.
El caso vuelve así al centro del debate político y judicial en Aysén.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la PDI indagan una presunta trama de corrupción vinculada a licitaciones de JUNAEB, causa que alcanzó al Congreso y en la que aparecen mencionados los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, además del exdiputado Hugo Gutiérrez y otros involucrados. En el caso de Calisto, cobra especial relevancia su pasado como director regional de JUNAEB en Aysén, antecedente que vuelve particularmente sensible una investigación que busca esclarecer eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos.