Polonia al borde: suspensión de la cúpula del Tribunal Constitucional desata protestas y choques

La disputa por el control del Tribunal Constitucional (TC) de Polonia derivó en una crisis institucional abierta tras la suspensión inmediata de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański, ambos nombrados durante el mandato de Ley y Justicia (PiS) entre 2015 y 2023. La decisión fue adoptada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien alegó que la cúpula del TC violó la ley al bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por el actual Parlamento, de acuerdo con lo informado por El Mostrador.

El anuncio, hecho un viernes por la tarde y en vísperas del fin de semana festivo por el Día de Todos los Santos, desató protestas frente a la sede del Tribunal. Cientos de manifestantes se movilizaron azuzados por políticos de la derecha nacionalista, entre ellos el presidente de PiS, Jaroslaw Kaczynski, quien permaneció allí hasta la madrugada y escribió en redes que “a partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial”. La Policía antidisturbios se desplegó a petición de la propia jueza para impedir el acceso al recinto a los suspendidos y protagonizó tumultos con diputados opositores y manifestantes; tres personas fueron detenidas.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ordenó regresar en pleno vuelo a un avión que lo llevaba a Senegal. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Vuelvo”, escribió en X. Ya entrada la madrugada del 31 de octubre se presentó en el TC junto al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, y denunció “una violación del orden constitucional” y una “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, convocando consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias.

El primer ministro Donald Tusk justificó la suspensión alegando que “restaurar el Estado de derecho es nuestro deber” tras “años de arbitrariedad”, y sostuvo que se trata de “un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida”. Sin embargo, la maniobra no está exenta de controversias: con el número uno y dos inhabilitados, Korwin-Piotrowska asumió el liderazgo temporal apoyándose en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, interpretando que ella es la magistrada de mayor antigüedad al contar sus años de actividad jurídica previa. Además, Nawrocki se ha negado a tomarle juramento desde su nombramiento por el Parlamento en marzo de este año, y algunos juristas cuestionan que la jueza no puede suspender individualmente al presidente de su propio tribunal, sino que esa decisión debe tomarla la Asamblea General.

El conflicto se remonta a 2015, cuando la mayoría de Plataforma Cívica cubrió cinco puestos del TC antes de terminar su mandato; Ley y Justicia consideró inválidos a esos jueces y designó otros, dando origen a los “jueces dobles”. Entre 2015 y 2023 el PiS llenó el TC con jueces afines, lo que motivó cuestionamientos de la Comisión de Venecia y de la Unión Europea, que en diciembre de 2017 activó por primera vez el artículo 7 del Tratado y el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo. El bloque congeló además miles de millones de euros en fondos europeos, desbloqueados en 2024 tras la llegada de Tusk al poder.

A principios de este año Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento, mientras Święczkowski rechazó nombrar a los jueces elegidos por la mayoría actual. El mes pasado el Legislativo designó a Maciej Berek, aliado de Tusk, una decisión que, según sus críticos, socavaba el objetivo declarado de restablecer los controles y equilibrios. Queda por resolver quién ejerce legítimamente la presidencia del TC, si la Asamblea General avala o revierte la suspensión, y qué resultado tendrán las consultas convocadas por Nawrocki con las fuerzas parlamentarias.