Arenas defiende a Rabat pese al 74,2% que pide su renuncia y habla de “ataque político”
El vocero de Gobierno justifica la permanencia del ministro de Justicia mientras la aprobación de Kast cae a 22,1% y la crisis por rebajas de condenas sigue sin solución.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, salió a explicar la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia y a defender la permanencia del ministro Fernando Rabat, pese a que el 74,2% de los consultados en Pulso Ciudadano respondió que el Presidente se equivocó y que debe pedirle la renuncia al ministro, según se mencionó en The Clinic. La crisis, gatillada por la rebaja de condenas a abusadores sexuales de menores, no se alivia con la salida del republicano, y el propio vocero reconoció que se trata de una “verdadera catástrofe”.
Arenas sostuvo que Silva no fue sacado por la firma de los decretos ni para aplacar la crisis, sino por subir un video sin avisar al Gobierno ni al ministro, en el que explicaba que su firma seguía el criterio impuesto por Rabat. “El 99% de la gente lo interpretó como que era una especie de deslinde de responsabilidades. Y eso el Presidente lo consideró gravísimo”, dijo. Sin embargo, el mismo vocero admitió que al ministro Rabat se le habían advertido las consecuencias políticas de cambiar el criterio y que no elevó la inquietud a La Moneda: “Por supuesto que hubo un error político, si no, no estaríamos acá”.
La contradicción es evidente: el Gobierno reconoce que Rabat es el responsable de la crisis, pero lo mantiene en el cargo encargado de solucionarla. Arenas justificó la decisión citando al expresidente Sebastián Piñera, quien “nunca le pidió la renuncia a ninguno de los ocho ministros que fueron acusados”, y afirmó que la salida del ministro “no va a ayudar en nada a la solución”. Mientras tanto, la aprobación de Kast llegó a su peor cifra con un 22,1% y la desaprobación alcanzó el 67,5%.
El vocero también atribuyó la magnitud de la polémica a una “operación política” y a un “relato político” de la oposición, argumentando que la ley lleva más de 20 años funcionando y que desde 2019 se han dado más de 10 mil decretos de rebaja de penas. “Se trata de culpar al último que firmó”, afirmó. No obstante, evitó explicar por qué los decretos para reos de Punta Peuco firmados por Silva fueron aprobados pese al rechazo de la Corte Suprema, limitándose a decir: “Es raro, pero por algo ya no está en el Gobierno”.
Respecto a la acusación constitucional que se presentará la próxima semana contra Rabat, Arenas pidió al oficialismo “lealtad a la Constitución” y sostuvo que “no se configura ninguna causal”. La postura del Gobierno deja a los parlamentarios oficialistas en una posición incómoda: hay voces que ven difícil apoyar a Rabat y temen que un voto en contra sea leído como una defensa a rebajar las condenas de abusadores sexuales de menores. El vocero insistió en que “vale la pena” mantener al ministro porque “está metido en una batalla en la cual tiene razón”, sin entregar plazos concretos para resolver la crisis que él mismo calificó de catástrofe.
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