Asamblea de la Paceñidad rechaza el ‘perdonazo’ tributario y Dockweiler anuncia acciones constitucionales

La Asamblea de la Paceñidad rechazó el perdonazo tributario autorizado por el Concejo Municipal y recomendó al alcalde César Dockweiler impulsar una acción popular, además de respaldar la adopción de medidas constitucionales para resguardar los recursos municipales, de acuerdo con lo informado por La Razón.

Según la explicación del alcalde, esa norma implicaría que la municipalidad deje de percibir Bs 750 millones destinados al desarrollo de la ciudad. Durante la sesión, Dockweiler presentó un informe detallado sobre el impacto que tendría la aprobación de la propuesta impulsada desde el Concejo Municipal, explicando que los recursos comprometidos ya están contemplados en el presupuesto de la gestión 2027 y financian proyectos fundamentales para la población.

«Los 750 millones de bolivianos que se pretende perdonar a un grupo reducido de deudores morosos afectarían considerablemente al desarrollo de nuestra ciudad», explicó Dockweiler, según el reporte de la Alcaldía de La Paz.

Asimismo, la autoridad municipal señaló que la propuesta presenta observaciones de carácter constitucional y legal, debido a que, según explicó, no habría cumplido los procedimientos de consulta ni considerado las implicaciones presupuestarias que una decisión de esta naturaleza representa para el municipio.

Como resultado de la deliberación, la Asamblea de la Paceñidad aprobó una resolución de rechazo a cualquier proyecto de alivio tributario que afecte los ingresos municipales. También solicitó que se respete la legalidad y legitimidad de la directiva del Concejo Municipal y que se expliquen los fundamentos de la normativa propuesta.

Además, determinó designar a una persona para que, de ser necesario, represente a la ciudadanía en la presentación de una acción popular, y respaldó las medidas constitucionales que impulse el Ejecutivo Municipal. Dockweiler anunció que el Gobierno Municipal trabajará en dos acciones constitucionales: una acción de inconstitucionalidad abstracta y una acción de cumplimiento, con el propósito de resguardar el marco legal y los recursos económicos de la ciudad. También señaló que se evaluarán las acciones correspondientes ante el Ministerio Público si se persiste en avanzar con la normativa cuestionada.