Briones desnuda el costo del acuerdo con camioneros: US$900 millones y un premio a quienes bloquearon rutas

El exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó en duros términos el acuerdo entre el Gobierno y las agrupaciones de transportistas que permitió deponer la paralización y los bloqueos de rutas registrados durante los últimos días en distintos puntos del país, según lo informado por Radio Universidad de Chile. A través de sus redes sociales, el economista criticó las concesiones otorgadas al gremio y apuntó directamente a los beneficios tributarios concedidos por la administración.

“No solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan”, advirtió Briones. El exsecretario de Estado detalló el impacto financiero: “¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 millones al año; $3,5 millones promedio por camionero”, expuso, para luego ironizar: “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho”.

Frente a las repercusiones, Briones precisó que su crítica apunta a la debilidad institucional frente a los grupos de presión. “Dar beneficios ante tomas ilegales las válida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de derecho”, argumentó. Días antes ya había manifestado sus reparos compartiendo una antigua columna donde rechazaba los bloqueos carreteros, y concluyó que “la realidad política es compleja, pero cambiar esta mala práctica exige cuestionarla”.

Las críticas surgen tras las negociaciones lideradas por La Moneda, encabezadas por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, previo a la gira por Asia del Presidente José Antonio Kast. Tras las conversaciones, el Ejecutivo estableció el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027 y una caída de $142 en el valor del diésel.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, transparentó las cifras y estimó que el paquete de compromisos implicará un desembolso superior a los US$500 millones solo durante este año. En entrevista con CNN, confirmó el impacto a mediano plazo y precisó que “el informe financiero llegaría a alrededor de los US$900 millones en total de todo el paquete, tanto por este año como por el próximo”, con mecanismos de apoyo que se extenderán hasta diciembre de 2027.

El episodio deja en evidencia el doble estándar del Ejecutivo: mientras se premia con beneficios tributarios a quienes paralizaron y bloquearon rutas, el costo fiscal de US$900 millones recae sobre el conjunto de los contribuyentes. La pregunta que queda flotando, y que ni el Gobierno ni sus voceros han respondido, es qué mensaje se envía a otros gremios que opten por la misma vía para arrancar concesiones.