Caso Calisto: Corte de Apelaciones de Puerto Montt asume desafuero por fraude al fisco

La arista judicial del caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto escaló a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique se declarara incompetente para resolver el desafuero por fraude al fisco. Según informó el medio regional Viento Patagón, el magistrado del Tribunal de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud, elevó formalmente los antecedentes al tribunal de Puerto Montt.

El caso, que ha generado gran expectación en la Región de Aysén, se sustenta en una serie de confesiones judiciales que revelan un presunto entramado de corrupción. Entre los puntos clave se encuentra el denominado “mecanismo del Palo Blanco”, según el cual Roland Cárcamo y Carla Graf habrían confesado que se usaron contratos falsos de asesorías en la Cámara de Diputados para desviar fondos públicos hacia una “caja pagadora”. Se afirma que el 70% de esos sueldos fiscales habría ido a gastos del diputado.

Además, se mencionan proyectos fantasmas asociados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Entre ellos, un financiamiento estatal de $25 millones destinado a monitoras de género en la FENATS y otro de $7 millones para la conectividad de adultos mayores en la Fundación Proyecto Futuro, que jamás se habrían ejecutado. El dinero, según la denuncia, fue cobrado en efectivo utilizando claves ajenas.

La trama también incluye una red de favores que involucra la triangulación en el arriendo de vehículos con cargo al Congreso, donde al final del periodo el bien pasaba a costo cero para el parlamentario. A esto se suman asignaciones irregulares en el Servicio de Salud.

Uno de los elementos de mayor gravedad es el denominado “Caso Cohecho”, que denuncia el pago de $14 millones en efectivo al exfiscal Carlos Palma para intentar sepultar estas investigaciones bajo el amparo de facturas ideológicamente falsas. La opinión pública, según el reporte, exige una revisión implacable del expediente que “desnuda el peor rostro del clientelismo y la corrupción regional”.

La ciudadanía de Aysén mantiene su mirada fija en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esperando que el tribunal revise el desafuero con rigurosidad e independencia. “Este no es un problema administrativo menor; es una radiografía del presunto uso del aparato estatal para el enriquecimiento y blindaje político personal”, señaló la fuente.