Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes en el Estado: Carabineros lidera con 84 y las instituciones no informaron
El órgano contralor ordenó investigar a cada institución tras el cruce de datos que reveló 317 condenas sin declarar al jefe de servicio.

La Contraloría General de la República emitió un informe que da cuenta de que más de 300 funcionarios que trabajan en el Estado mantienen condenas por crímenes o simples delitos, incumpliendo la prohibición expresa de ejercer un cargo público, según lo informado por The Clinic. El cruce de datos del Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado arrojó 315 funcionarios y servidores públicos asociados a 317 condenas.
El detalle desmiente cualquier discurso de rigor: 149 de los casos corresponden al gobierno local y 166 al gobierno central. Es decir, la omisión no es un problema de una repartición aislada, sino de una estructura completa que siguió pagando sueldos a personas con condenas vigentes sin que nadie informara al jefe de servicio.
Las cifras tampoco son menores. 109 empleados públicos se desempeñan en instituciones ligadas a la seguridad pública, 83 en el Código del Trabajo, 41 son auxiliares, 31 profesionales, 22 honorarios, 13 técnicos, 10 administrativos, cinco directivos y uno sin información disponible. En el listado, Carabineros encabeza con 84 funcionarios condenados en sus filas, seguido del Ejército de Chile con 22, la Armada con ocho, la Municipalidad de Valdivia con seis, la Fuerza Aérea con cinco, las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con cuatro, y la Municipalidad de Tocopilla con tres.
La gravedad de los delitos tampoco permite minimizar el hallazgo: 73 personas fueron condenadas por crímenes y 244 por simples delitos, y dos funcionarios registraron más de una condena, según el informe citado por The Clinic. Que instituciones ligadas a la seguridad pública concentren 109 casos es una contradicción que las autoridades no pueden despachar con declaraciones: son las mismas reparticiones que exigen antecedentes intachables a la ciudadanía.
Ante estos hallazgos, el órgano contralor mandató a cada institución iniciar las investigaciones pertinentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar condenas al jefe de servicio. La pregunta que queda flotando es por qué esa obligación no se cumplió durante años y quién respondió por el silencio.
El caso expone un doble estándar insostenible: mientras se exige rigor a la población, el Estado mantuvo en sus filas a 315 personas con condenas vigentes, 166 en el gobierno central y 149 en el local, sin que las jefaturas de servicio activaran los protocolos que la ley ordena. La Contraloría hizo su parte; ahora las instituciones deberán explicar por qué no hicieron la suya.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.
Te puede interesar
Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes trabajando en el Estado

Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes: el Estado sigue pagando sueldos a condenados por crímenes

