Funcionarios públicos acusan al Gobierno: reajuste de 6,3% y un Presupuesto 2026 que no actualiza remuneraciones según la inflación

La CUT y 16 organizaciones del sector público entregaron al Gobierno su pliego de negociación y exigieron un reajuste nominal de 6,3%, equivalente a un alza real de al menos 2%, de acuerdo con lo informado por BioBioChile. La cifra no es un capricho: es la respuesta directa a un Ejecutivo que, según los propios funcionarios, no ha estado a la altura del diálogo ni de las urgencias que impone la inflación.

El primer flanco de la crítica apunta a la falta de diálogo. Las organizaciones del sector público acusan al Gobierno de no abrir espacios reales de conversación, mientras entregan un pliego que busca compensar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El segundo cuestionamiento es más concreto y golpea directamente la gestión presupuestaria: los funcionarios cuestionan que el Presupuesto 2026 no actualice las remuneraciones según la inflación. Es decir, el Ejecutivo plantea un escenario fiscal que, en la práctica, deja a los trabajadores del Estado expuestos a perder terreno frente al alza de precios.

A eso se suma el rechazo de las organizaciones a reducir el gasto como sinónimo de eficiencia. La crítica es pertinente: recortar no es lo mismo que optimizar, y menos cuando se trata de remuneraciones que ya vienen rezagadas respecto de la inflación.

El pliego también incluye demandas pendientes que el Gobierno no ha resuelto: garantías para trabajadores a contrata, avances en sala cuana universal y el cumplimiento de compromisos que siguen sin concretarse. Son materias que afectan directamente a funcionarios públicos de regiones como Aysén, donde la precariedad contractual y la falta de servicios de cuidado golpean con particular dureza.

La pelota queda en la cancha del Ejecutivo. Con un reajuste nominal de 6,3% sobre la mesa y un Presupuesto 2026 que no actualiza remuneraciones según la inflación, el Gobierno enfrenta una contradicción evidente: exige eficiencia al sector público mientras deja sin piso real a quienes sostienen el funcionamiento del Estado, según se mencionó en BioBioChile.