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Política

Gobierno de Kast suma una nueva renuncia en Ciencia mientras la Contraloría desnuda pagos irregulares en el puente Chacao

La salida de Carolina Rossi tras sus choques con la ministra Lincolao, los 4.625 convenios del CAE y las irregularidades detectadas en la mayor obra pública del país exponen un Ejecutivo que acumula conflictos y omisiones.

Víctor Reyes5 min de lectura
Gobierno de Kast suma una nueva renuncia en Ciencia mientras la Contraloría desnuda pagos irregulares en el puente Chacao
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, junto a la subsecretaria saliente Carolina Rossi, según el texto

La tarde de este jueves, el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia, de acuerdo con lo reportado por CIPER Chile. En su reemplazo asumirá como subrogante Carolina Calvo Ascencio, ingeniera comercial y asesora del ministerio. Con la salida de Rossi termina una tensa relación con la ministra Ximena Lincolao, marcada por roces públicos que llevaron al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a reconocer el conflicto e intervenir la cartera. El último foco de conflicto fueron tres desvinculaciones en el ministerio, concretadas mientras Lincolao estaba en Estados Unidos y sin informar previamente a Rossi, que ejercía como ministra subrogante; según publicó El Mostrador, Rossi calificó la forma de ejecutar los despidos como “poco ética” en un correo interno. Este jueves, Lincolao defendió las desvinculaciones y explicó que respondieron a dos sumarios, uno de ellos por hurto, y a problemas de gestión.

Rossi es la segunda autoridad que deja la subsecretaría en lo que va del gobierno: asumió como subrogante en mayo, cuando Rafael Araos renunció por diferencias con Lincolao. A fines de octubre salieron Nicolás Fuenzalida, asesor cercano a Rossi, y Hernán Tello, jefe de Comunicaciones que trabajaba con ambas. En ese mismo periodo, The Clinic reveló una denuncia por Ley Karin contra Rossi; su entorno negó los hechos y la cartera dijo que no había recibido formalmente la denuncia. La salida coincide con otra polémica: esta semana Lincolao firmó en San Francisco el acuerdo “OpenAI para Chile” con Sam Altman, CEO de OpenAI, y generaron cuestionamientos sus cláusulas de confidencialidad, las reuniones mensuales previstas con representantes de la empresa y sus posibles efectos sobre la protección de datos personales. El Ministerio de Ciencia respondió que el memorándum no autoriza a OpenAI a acceder a bases de datos estatales ni compromete compras públicas.

En paralelo, la Tesorería General de la República (TGR) y la Comisión Ingresa entregaron el primer balance de las facilidades extraordinarias para pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE), incluidas en la Ley 21.850 de Reconstrucción Nacional. El tesorero Hernán Nobizelli informó que en el primer mes se firmaron 4.625 nuevos convenios, con una recuperación de $947 millones; sumando lo cobrado antes de que entraran en vigor estas facilidades, la recaudación total por concepto de CAE llega a $150.440 millones. Quienes tienen la garantía estatal ya pagada a los bancos pueden firmar un convenio en el sitio de la Tesorería, con hasta 48 cuotas mensuales en UTM y sin intereses ni multas; quienes tienen dos o más cuotas impagas con los bancos deben reprogramar a través de la Comisión Ingresa. El plazo vence el 15 de enero de 2027 y es improrrogable.

En la vía bancaria, el director ejecutivo de Ingresa, Tomás Bayón, informó que más de 17 mil deudores visitaron la plataforma; de ellos, 5.651 aceptaron las condiciones y 3.805 pagaron la cuota inicial, lo que suma 4.409 UF (unos $182 millones). El 45% de esos créditos acumulaba 13 o más cuotas impagas y el 29,2% tenía más de dos años de morosidad. Ambas instituciones llamaron a los más de 570.000 deudores del CAE a acogerse a las facilidades, mientras la Tesorería había iniciado en abril el cobro de las deudas, que puede incluir la retención de fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en el contrato del puente Chacao, la mayor obra pública en ejecución del país. Según el Informe Final N° 324 de 2026, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas pagó al consorcio constructor, liderado por la surcoreana Hyundai Engineering & Construction, obras adicionales sin retener el 10% que exigen las bases del contrato como garantía, dejando de retener más de $5.034 millones en cuatro estados de pago. La CGR ordenó aplicar esa retención en los próximos pagos, hasta completar el 5% del valor del contrato, y regularizar la situación en un plazo de 60 días hábiles. El informe también constató un pago en exceso de $84.334.699 al consorcio, porque el reajuste extraordinario acordado en 2024 se calculó con índices incorrectos; Vialidad deberá reintegrar ese monto en 30 días hábiles. Además, se ejecutaron obras distintas al Proyecto Definitivo sin aplicar la multa de 300 UTM por cada incumplimiento que fijan las bases, y si esos recursos no se cobran, la CGR formulará un reparo por unos $43 millones.

En cuanto a los plazos, al 30 de abril de 2026 el viaducto tenía un avance físico de 64,68%, frente al 68,94% programado, con demoras en la fabricación del tablero de acero y del cable principal, ambos producidos en el extranjero. El MOP mantiene como fecha de término el 16 de octubre de 2028, más de ocho años después del plazo original. A esto se suma que la Superintendencia del Medio Ambiente formuló dos cargos graves contra Codelco por incumplir las medidas de control de emisiones de material particulado en su División Ministro Hales, en Calama, donde la estatal arriesga la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental, la clausura o una multa de hasta 5.000 UTA por cada cargo (unos $4.300 millones). El superintendente Emanuel Ibarra señaló que “Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población”, tras fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas presentadas entre 2021 y 2024, de acuerdo con lo informado por CIPER Chile.

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Víctor Reyes
Redacción · 20 de noviembre de 2026 · 07:48

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