Senado aprueba la “megarreforma” del Gobierno de Kast: beneficios concentrados y dudas sobre su verdadero impacto social

Tras un extenso debate que concluyó durante la madrugada de este jueves, el Senado aprobó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, una de las iniciativas más importantes para la administración del Presidente José Antonio Kast.

La denominada “megarreforma” contempla medidas como la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para las empresas y la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

El proyecto pasará ahora a su tercer trámite constitucional, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Si la Cámara aprueba las modificaciones realizadas por el Senado, la iniciativa quedará lista para convertirse en ley. En caso contrario, deberá conformarse una comisión mixta para resolver las diferencias entre ambas cámaras.

Una vez concluida la jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó la aprobación como un hecho importante para el país. Según señaló, el proyecto busca entregar herramientas para generar empleo, promover la inversión y acelerar la reconstrucción de las viviendas y zonas afectadas por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble.

El ministro sostuvo que una familia que actualmente no tiene trabajo contará con mayores posibilidades de encontrarlo, que las empresas podrán aumentar sus inversiones y que las personas que perdieron sus viviendas tendrán un marco legal que facilitará la reconstrucción.

Sin embargo, la aprobación de esta reforma también genera serios cuestionamientos. La reducción de impuestos a las grandes empresas puede profundizar la desigualdad económica y disminuir los recursos disponibles para financiar políticas públicas en educación, salud, vivienda, pensiones y protección social.

Esta preocupación adquiere mayor relevancia si se considera la enorme concentración de la riqueza y de las utilidades empresariales. De acuerdo con estimaciones que deben ser respaldadas mediante estudios y estadísticas verificables, cerca del 2% del empresariado concentraría aproximadamente el 98% de las ganancias o utilidades generadas en el país.

En este contexto, una disminución generalizada del impuesto corporativo podría beneficiar principalmente a ese reducido grupo de grandes empresarios, mientras que las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y las familias seguirían enfrentando bajos ingresos, endeudamiento, empleos precarios y dificultades para acceder a una vivienda digna.

El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para reactivar la economía y crear nuevos puestos de trabajo. No obstante, no existe ninguna garantía de que la reducción de los impuestos empresariales se traduzca automáticamente en mejores salarios, mayor estabilidad laboral o más oportunidades para la mayoría de la población.

La experiencia demuestra que, sin condiciones claras, fiscalización efectiva y compromisos obligatorios de inversión y contratación, los beneficios tributarios pueden terminar aumentando las ganancias privadas sin producir mejoras significativas en las condiciones de vida de los trabajadores.

Por esta razón, más que una verdadera reforma de reconstrucción nacional, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una política orientada principalmente a proteger y aumentar las utilidades de los sectores económicos más poderosos.

Mientras una minoría concentra casi la totalidad de las ganancias, la mayoría de la ciudadanía continúa financiando el funcionamiento del país mediante el pago de impuestos al consumo, como el IVA, que afecta proporcionalmente con mayor fuerza a las familias de menores ingresos.

Una política de reconstrucción y reactivación económica realmente justa debería priorizar a las personas damnificadas por los incendios, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, mejorar los salarios y establecer un sistema tributario progresivo, en el cual quienes concentran mayores ingresos, patrimonios y utilidades contribuyan proporcionalmente más al desarrollo del país.

La reconstrucción nacional no debería utilizarse como argumento para entregar beneficios permanentes a los grandes grupos económicos. Por el contrario, debería ser una oportunidad para disminuir las desigualdades, fortalecer la protección social y asegurar que el crecimiento económico beneficie efectivamente a toda la población y no solamente al sector empresarial más privilegiado.