TC rechaza por 7 votos contra 3 destitución de Johannes Kaiser: la solicitud perdió su objeto porque ya no es diputado

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó por siete votos contra tres el requerimiento presentado por parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC) para destituir al entonces diputado Johannes Kaiser, tras sus dichos sobre el golpe de Estado de 1973. La magistratura concluyó que la solicitud perdió su objeto, ya que Kaiser dejó de ser parlamentario por el término natural de su mandato.

La mayoría del tribunal, integrada por la presidenta María Pía Silva y los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Raúl Mera, Daniela Marzi, Catalina Lagos y Marcela Peredo, estimó que la cesación del cargo que se perseguía ya se había producido. "En el presente caso nos encontramos frente a la ausencia de un conflicto, por cuanto ya no existe situación constitucional susceptible de pronunciamiento decisorio", sostuvo la sentencia, agregando que "el objeto que se persigue ya no subsiste, pues tal cesación ya se produjo por el término natural del mandato antes de que este tribunal pudiera resolver".

El requerimiento se originó en una entrevista concedida por Kaiser al periodista Tomás Mosciatti en Mega en 2025, cuando aún era diputado y candidato presidencial. Ante la consulta sobre si apoyaría un nuevo golpe de Estado en un escenario similar al de 1973, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL) respondió: "Sin duda, absolutamente". Ante la insistencia sobre si lo haría "con todas las consecuencias", agregó: "Con todas las consecuencias, lamentablemente".

Los parlamentarios requirentes sostenían que esas expresiones configuraban la causal constitucional de cesación del cargo para quienes inciten a la alteración del orden público o propicien el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los establecidos en la Constitución.

El voto de minoría, firmado por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y el ministro Mario Gómez, sostuvo que los dichos de Kaiser "han quebrantado el principio de supremacía constitucional y del Estado de Derecho" y que, al "reivindicar un régimen que cometió crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos", alcanzan "el umbral de incitación a la violencia prohibido por el orden democrático".

En tanto, el ministro Raúl Mera dejó una prevención señalando que la norma constitucional busca sancionar actos que efectivamente impulsen un quiebre institucional y no la mera manifestación de opiniones, ya que el constituyente quiso "evitar siempre el castigo por opinar, aún a riesgo de permitir opiniones antidemocráticas".