Calisto paga casi un millón de pesos para intentar sacar de la causa a los ministros que ya lo desaforaron

Una nueva arista judicial enfrenta el senador Miguel Ángel Calisto en la investigación por presunto fraude al Fisco. Esta vez la controversia se trasladó a la Corte Suprema, luego de que su defensa presentara una recusación contra diez ministros del máximo tribunal para impedir que participen en la revisión de la solicitud de desafuero que enfrenta en su calidad de senador, según informó La Tercera.

La presentación fue ingresada el pasado 22 de octubre por el abogado Nelson Salas y apunta a magistrados que ya intervinieron en noviembre de 2025, cuando votaron a favor del desafuero de Calisto, en ese entonces diputado, por los mismos hechos que investiga el Ministerio Público. El primer desafuero fue acogido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y confirmado después por la Suprema. Tras terminar su período como diputado y asumir como senador, se inició un nuevo procedimiento para levantar su fuero parlamentario: la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud el pasado 6 de octubre, decisión que la defensa apeló y que ahora debe revisar el máximo tribunal.

El argumento de la defensa es que los magistrados cuestionados ya manifestaron su opinión sobre la misma controversia al votar el desafuero anterior. «El fundamento de nuestra recusación obedece exclusivamente a que los diez ministros de la Corte Suprema y los tres ministros suplentes ya se pronunciaron, hace un año, sobre el desafuero de mi representado cuando ocupaba el cargo de Diputado», explicó Salas a La Tercera. La presentación invoca el numeral 10 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que contempla como causal haber emitido previamente un dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de ella.

Tras la revisión, las ministras Lidia Poza y Claudia Parra, junto con la abogada integrante Catalina Infante, determinaron que la causal debía tramitarse: «se declara bastante la causal de recusación», resolvieron, ordenando notificar a los magistrados involucrados y que «se abstengan de intervenir en la causa respectiva mientras no se resuelva este incidente». También se pidió a los ministros emitir sus informes en un plazo de tres días.

El trámite no salió gratis: la defensa debió pagar $937.963 por la presentación de las solicitudes, según los antecedentes publicados por el medio nacional. Es decir, casi un millón de pesos destinados a apartar del caso a los jueces que ya se pronunciaron sobre los mismos hechos, en un procedimiento que se repite por segunda vez tras el cambio de cargo de Calisto de diputado a senador, según se mencionó en El Divisadero.

Si la recusación es acogida, la Corte Suprema tendrá que convocar una integración no inhabilitada para conocer la causa, con ministros y ministras que no participaron en la decisión anterior, consignó La Tercera. Mientras el caso avanza entre recusaciones y pagos, la pregunta que queda flotando es simple: ¿cuánto más puede estirarse un procedimiento que ya lleva dos desafueros y que ahora depende de quién se sienta en la sala?