Valencia desmarca a la Fiscalía de la polémica por Rabat: “No somos el ministerio de la rectitud”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este martes a la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien enfrenta una querella por prevaricación presentada por parlamentarios de oposición, según consignó Emol. Valencia confirmó que Rabat mantiene la calidad de “imputado”, aunque aclaró que ello no implica necesariamente la comisión de un delito.

En conversación con Radio13C, el jefe del Ministerio Público trazó una distinción entre las atribuciones del organismo y la connotación política y mediática del caso, originado por la rebaja de condenas decretada por el Ministerio de Justicia. “La Fiscalía no investiga errores políticos. Una cosa es la política. Nosotros no somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud”, afirmó.

La polémica se arrastra desde que el ministro Rabat impulsó la rebaja de condenas en 56 casos, medida que ha generado descontento y presión política. Frente a ese escenario, Valencia sostuvo que no todo lo señalado cae dentro de la competencia del Ministerio Público: “Pueden haber cosas que sean muy feas, que a las personas les desagraden profundamente pero si no son delitos, escapan a nuestras atribuciones”.

“Algo puede ser ilegal y no ser delito”, remarcó el fiscal nacional, dejando en claro que la arista penal del caso no avanza por ahora más allá de la querella opositora. La declaración, sin embargo, no despeja el costo político que la rebaja de condenas le impone al gobierno: la autoridad judicial queda retratada como imputada mientras el Ejecutivo no da señales de revertir la medida que originó el conflicto.

El episodio también expone las contradicciones de la oposición y de los parlamentarios que se apresuraron a judicializar el debate: la querella por prevaricación no garantiza que exista delito, y el propio Valencia advirtió que lo “muy feo” o “profundamente desagradable” no equivale a ilícito. La arremetida política, en tanto, no ha ofrecido propuestas concretas para corregir el sistema de rebajas de condenas que detonó el caso, según se mencionó en La Nación.

Mientras el ministro Rabat continúa en el cargo y en calidad de imputado, la Fiscalía deja claro que su rol no es evaluar la virtud de las autoridades, sino perseguir delitos. La pregunta que queda abierta es quién asume la responsabilidad política por una decisión que, sin ser delito según el propio fiscal nacional, ya le costó al gobierno una querella y un desgaste público que no muestra señales de ceder, de acuerdo con lo informado por Emol.