Codelco: diputados piden acciones judiciales mientras el Gobierno abre la puerta al capital privado

La crisis en Codelco sumó un nuevo capítulo: diputados de Renovación Nacional, Evópoli e independientes oficiaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe acciones judiciales contra los responsables de las irregularidades en los registros de producción, según lo informado por Radio Universidad de Chile. La estatal reconoció una sobreestimación de 42.100 toneladas de cobre fino entre 2024 y 2025 —24.000 en el primer año y 18.100 en el segundo—, con un impacto contable que podría llegar a entre 120 y 140 millones de dólares. Las fallas incluyen duplicación de registros, contabilización de materiales que no habían terminado su proceso productivo y adelanto de producción entre ejercicios.

El cuestionamiento no es menor: las cifras infladas habrían incidido en el pago de bonos a trabajadores, recursos que la compañía buscará recuperar. Los parlamentarios pidieron al CDE informar si ha iniciado acciones civiles o penales contra gerentes, exgerentes y otros eventuales responsables, si participa en la investigación del Ministerio Público, si ha evaluado demandas de indemnización y qué medidas adoptará para recuperar los bonos pagados sobre la base de datos adulterados. Si aún no existen gestiones judiciales, exigieron que el organismo evalúe las acciones necesarias para reparar el eventual perjuicio al Estado.

En paralelo, los diputados José Antonio Rivas (PS) y Valentina Cáceres (FA) enviaron oficios a Codelco, Hacienda, Minería y Cochilco tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la posibilidad de incorporar capital privado en algunas divisiones de la estatal. Solicitaron conocer si existe una propuesta formal, qué divisiones estarían consideradas y si se han sostenido conversaciones con inversionistas. «Con estos antecedentes se ha abierto una verdadera caja de Pandora en Codelco y tenemos que llegar hasta el fondo», afirmó Rivas, quien agregó que «no basta con desvincular ejecutivos» y que se debe «esclarecer las responsabilidades y entender por qué fallaron los mecanismos de control».

La contradicción es evidente: mientras el oficialismo pide transparencia sobre un eventual ingreso de privados, el propio Gobierno no ha aclarado si existe una propuesta concreta ni qué divisiones estarían en la mira. Rivas fue directo: «Las irregularidades no pueden convertirse en una excusa para debilitar el patrimonio de Chile. Nos parece preocupante que, en medio de esta crisis, se plantee abrir divisiones de Codelco al capital privado». Cáceres coincidió en que los hechos deben investigarse, pero advirtió que no pueden justificar un avance hacia la privatización.

Los legisladores también pidieron antecedentes sobre la reciente visita de Bill Gates a Chuquicamata, incluyendo quién autorizó el recorrido y si se abordaron posibles inversiones o acuerdos comerciales. Además, solicitaron información sobre eventuales contactos entre Codelco y empresas vinculadas al empresario estadounidense, como KoBold Metals y Breakthrough Energy Ventures. A Cochilco le pidieron antecedentes sobre los riesgos y beneficios de posibles asociaciones público-privadas y las deficiencias en los mecanismos de fiscalización de la minera estatal.

El caso deja en evidencia una cadena de responsabilidades que ni el Ejecutivo ni la administración de Codelco han logrado explicar: registros duplicados, producción adelantada y bonos pagados con cifras adulteradas. Mientras los diputados exigen acciones judiciales y transparencia, el Gobierno no ha entregado detalles sobre la eventual apertura al capital privado ni sobre la visita de Gates a Chuquicamata. La principal empresa estatal de Chile enfrenta así una crisis de confianza que, hasta ahora, se traduce en oficios y solicitudes de información, pero no en respuestas concretas.