Kast y su calculadora: rechazos, recortes y una derecha que presiona en dos direcciones

El Gobierno de José Antonio Kast tendrá que sacar nuevamente la calculadora. El Presupuesto 2027 entra este lunes 9 de noviembre a una semana decisiva en el Congreso, con recursos rechazados, exigencias que vienen incluso desde el oficialismo y una oposición que busca ponerse de acuerdo para enfrentar a La Moneda, de acuerdo con lo informado por El Mostrador. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó sus votaciones durante la madrugada del viernes, dejando rechazadas íntegramente las partidas de Educación y Ciencia, además de una serie de programas de salud, empleo y patrimonio cultural.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que buscará reponer recursos, especialmente en Educación y Salud, pero dejó una advertencia: «Hay otras que fueron votadas en forma adversa y probablemente no las repongamos». La frase resume el problema: no todos los rechazos responden a la misma lógica. Mientras algunos parlamentarios buscan obligar al Gobierno a aumentar recursos, otros impulsan directamente su reducción. Y en ambos bandos hay legisladores de derecha.

El principal conflicto está en Educación, cuyo presupuesto de aproximadamente $17,3 billones fue rechazado con 11 votos en contra, dos a favor y 11 abstenciones, estas últimas mayoritariamente oficialistas. Los cuestionamientos apuntan a recursos para educación superior, becas, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la eliminación del programa Yo elijo mi PC, que benefició a más de 96 mil escolares durante 2026 y quedó sin financiamiento para el próximo año. La decisión movilizó a artistas como Kidd Voodoo, Pablo Chill-E, Kuina y Matías Ávila, vocalista de Candelabro, quienes se sumaron a una campaña de Educación 2020 para exigir la continuidad del programa.

En Salud, aunque la partida ministerial fue aprobada, quedó rechazado el programa de Atención Primaria de Fonasa, que financia el aporte per cápita destinado a consultorios municipales. Ciencia, en tanto, llegará a la Cámara con su partida rechazada desde la subcomisión. Pero los cuestionamientos no provienen únicamente de la oposición: en Trabajo, la diputada Ximena Ossandón (RN) impulsó votaciones separadas que terminaron con el rechazo de recursos para el Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer y el Subsidio Unificado al Empleo.

La presión desde la derecha también opera en sentido contrario. Los diputados republicanos José Carlos Meza, Agustín Romero y Fernando Ugarte consiguieron aprobar indicaciones que reducen a apenas $1.000 las asignaciones de seis instituciones y programas vinculados con la memoria histórica, entre ellos el Museo de la Memoria, Londres 38 y el Fondo Programa Sitios de Memoria, que en conjunto sumaban aproximadamente $3.903 millones. Desde Renovación Nacional, la senadora María José Gatica impulsó una rebaja similar para el Consejo de Monumentos Nacionales, argumentando retrasos en proyectos de infraestructura como el Hospital de La Unión y la Línea 7 del Metro: «Ya basta de frenar el progreso del país», sostuvo.

Al otro lado del Congreso, la oposición también llega con cuentas pendientes. La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, se coló en la discusión: la partida fue aprobada por 16 votos contra 10, con respaldo del oficialismo y del Partido de la Gente, pese a las protestas opositoras que exigieron su salida por las polémicas rebajas de condenas. Yasna Provoste (DC) anunció que no respaldaría el presupuesto de Justicia mientras Rabat siguiera en el cargo, mientras Paulina Vodanovic (PS) aclaró que no existía un acuerdo de toda la oposición para condicionar su aprobación. La diputada Daniela Serrano (PC) advirtió que priorizarán qué partidas rechazar, pero convertir esa advertencia en estrategia común es otra historia: los senadores opositores se reúnen el lunes 9 de noviembre arrastrando las diferencias por la remoción de Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución.

Pese a los rechazos, Hacienda consiguió acuerdos transversales, entre ellos la suplementación para la Ley Ricarte Soto y un entendimiento con los gobiernos regionales que incorporó cerca de $94.897 millones adicionales para inversión regional. Quiroz defendió el proyecto como un presupuesto de ajuste moderado, con prioridades en seguridad, empleo, niñez y obras públicas. Pero la negociación está lejos de terminar: esta semana el Gobierno deberá precisar qué recursos defenderá y cuáles dejará fuera, mientras la oposición intentará transformar sus cuestionamientos en votos. La batalla por la billetera de Kast tendrá dos frentes: una derecha que presiona por más recursos y nuevos recortes, y una oposición que todavía debe demostrar que puede actuar unida.