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Política

Contraloría detecta 317 condenas penales entre funcionarios del Estado: Carabineros y Ejército a la cabeza

El informe cruza datos del Registro Civil, Servel y SIAPER y revela 315 funcionarios con condenas vigentes pese a las inhabilidades legales para ejercer cargos públicos.

Víctor Reyes2 min de lectura
Contraloría detecta 317 condenas penales entre funcionarios del Estado: Carabineros y Ejército a la cabeza

La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos vinculados a 317 registros de condenas penales, pese a las restricciones legales para ejercer cargos en el Estado, de acuerdo con lo informado en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29 y dado a conocer por Radio Agricultura. El hallazgo, elaborado mediante el cruce de antecedentes del Registro Civil, Servel y el sistema SIAPER, deja en evidencia que las inhabilidades legales no se están aplicando con rigor en las reparticiones públicas.

Según el informe, 166 funcionarios pertenecen al gobierno central, mientras que otros 149 trabajan en organismos de gobiernos locales. La cifra desmiente cualquier discurso de control interno eficaz: las entidades no habrían advertido a tiempo las condenas de su propio personal.

Entre las instituciones involucradas destaca Carabineros de Chile, con 84 funcionarios, seguido por el Ejército, con 22; la Armada, con ocho; y la Municipalidad de Valdivia, con seis. También figuran la Fuerza Aérea, con cinco casos, y los municipios de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro cada uno. Llama la atención que las ramas castrenses y policiales concentren la mayor cantidad de registros, pese a los estándares de probidad que se les exigen.

Respecto de los delitos, el organismo identificó 73 personas condenadas por crímenes y 244 registros de condenas por simples delitos. Dos funcionarios acumulan más de una condena, lo que agrava la falta de seguimiento administrativo.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas y revisar la aplicación de las inhabilidades legales correspondientes. Además, deberán establecer si los funcionarios informaron oportunamente sus condenas y si estas fueron consideradas en sus evaluaciones de comportamiento social y probidad.

El caso expone una contradicción flagrante: mientras las autoridades exigen transparencia y probidad a la ciudadanía, el propio aparato estatal mantiene en sus filas a cientos de personas con condenas penales sin que los mecanismos de control hayan operado a tiempo. La ciudadanía queda con una pregunta incómoda: ¿quién responde por esta omisión?

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Víctor Reyes
Redacción · 19 de noviembre de 2026 · 07:20

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