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Política

Diez supremos se inhabilitan en el desafuero contra Calisto por fraude al fisco

La defensa del senador logró apartar del pleno a los ministros que ya confirmaron su despojo de fuero en 2025, en una causa que la Fiscalía de Aysén atribuye al parlamentario por más de $100 millones.

Víctor Reyes4 min de lectura
Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons)
Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons)

Diez ministros titulares y dos ministras suplentes de la Corte Suprema reconocieron encontrarse inhabilitados para intervenir en la revisión del recurso de apelación presentado por la defensa del senador independiente Miguel Ángel Calisto Águila, en el marco del segundo juicio de desafuero que enfrenta por fraude al fisco. La nómina de magistrados informantes la integran el ministro Ricardo Blanco Herrera, junto a los ministros titulares Andrea Muñoz Sánchez, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Leopoldo Llanos Sagristá, Adelita Ravanales Arriagada, María Soledad Melo Labra y Mireya López Miranda, además de las ministras suplentes Eliana Victoria Quezada Muñoz y María Carolina Catepillán Lobos.

En el informe remitido a la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cuaderno de recusación rol N° 5773-2026, los jueces admitieron haber emitido un pronunciamiento previo sobre la materia, dando por configurada la causal de inhabilidad del artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales, que apunta a quienes hayan “manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente”. Los sentenciadores dejaron constancia de que “efectivamente concurrimos a la sentencia de 14 de noviembre de 2025, dictada en causa rol N°32.992-25 de la Corte Suprema, mediante la cual se confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de desaforar al entonces diputado señor Miguel Ángel Calisto Águila”.

El documento precisa que se excusaron de suscribir materialmente la presentación los ministros Valderrama, Silva y Llanos por encontrarse en comisión de servicio y con licencia médica, respectivamente, mientras que las ministras suplentes Quezada y Catepillán lo hicieron por haber concluido el periodo de sus suplencias. La arremetida de la defensa del parlamentario, liderada por el abogado Nelson Salas Stevens, apuntó a frenar la vista de la causa en la Corte Suprema invocando la citada causal.

El origen del caso se arrastra desde la causa RUC 2100749639-4 (RIT 751-2022 del Juzgado de Garantía de Coyhaique), dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. La hipótesis acusatoria del Ministerio Público le atribuye a Calisto la autoría del delito consumado de fraude al fisco, previsto en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por un monto estimado en al menos $100 millones. Según las indagatorias de la fiscalía, el congresista habría articulado un esquema de falsas asesorías parlamentarias pagadas con fondos de la Cámara de Diputados en favor de Carla Nicole Graf Toledo, cónyuge de su ex colaborador directo Roland Cárcamo. Los antecedentes reunidos sostienen que la profesional no habría prestado los servicios contratados y que los dineros derivados de las retribuciones eran posteriormente transferidos a cuentas de la propia autoridad.

En una primera etapa, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió por unanimidad la privación del fuero a Calisto en su condición de diputado, decisión ratificada el 14 de noviembre de 2025 por la Corte Suprema con el voto en contra de solo dos integrantes del pleno, el exministro Diego Simpertegui y el ministro Jean Pierre Matus. Tras la conclusión de la etapa investigativa y la presentación de la acusación formal, la fiscalía debió requerir un segundo desafuero porque el imputado asumió un escaño en el Senado. Como los ministros del tribunal de alzada de Aysén ya se habían pronunciado sobre los hechos en el primer antejuicio, la totalidad de su pleno se inhabilitó y la competencia derivó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que el 6 de octubre de 2026 acogió de forma unánime el pedido al considerar que los antecedentes de la fiscalía revestían el carácter de “plausibles” y con “mérito” suficiente. Esa resolución es la que hoy se apela ante el máximo tribunal.

A la marginación de los diez magistrados titulares se suma la automarginación previa del ministro Jean Pierre Matus, quien manifestó estar inhabilitado porque Calisto votó en 2024 en contra de la admisibilidad de la acusación constitucional formulada en su contra a raíz del denominado Caso Audios, y la jubilación de la ministra Dobra Lusic en diciembre pasado. El grupo de ministros titulares habilitados para integrar el pleno se acota a las ministras Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, Jessica González y Marisol Rojas, además de los ministros Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Jorge Zepeda y Dinko Franulic. Al no alcanzar la dotación mínima de 11 integrantes que exige el Código Orgánico de Tribunales, la Corte Suprema deberá recurrir a la integración con ministros suplentes sin intervenciones previas o convocar por sorteo a miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago para completar el quorum.

El desenlace es seguido con alta expectativa en el ámbito político institucional: una eventual confirmación del desafuero implicaría la suspensión inmediata de Calisto de sus funciones parlamentarias y la imposibilidad de ejercer su derecho a voto en la Cámara Alta, donde la oposición contabiliza 24 escaños frente a los 26 del bloque oficialista.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).

EtiquetasCorte Supremadesafuerofiscalía de aysénfraude al fiscoMiguel Ángel CalistoSenado
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Víctor Reyes
Redacción · 19 de noviembre de 2026 · 09:02

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