Coyhaique: cinco años y un día de cárcel efectiva para el autor del robo frustrado en una vivienda

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dictó un fallo unánime que condena a Camilo Antonio Sáez Quilodrán por los delitos que cometió durante noviembre de 2025 en la comuna, según lo informado por El Divisadero. La sentencia llega después de que el imputado fuera sorprendido por Carabineros mientras acopiaba especies en una maleta al interior de una vivienda del sector del puente Emperador Guillermo 2, a la que había ingresado forzando una puerta.

La pena principal es de 5 años y un día de presidio efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, en calidad de autor del delito frustrado de robo con fuerza en lugar habitado. A ello se suman 3 años y un día de presidio efectivo por la tenencia ilegal de armas de fuego, 541 días de reclusión por tenencia ilegal de municiones y 61 días de presidio más una multa de 5 UTM por el hurto frustrado.

Los hechos acreditados en el juicio no se limitan a la vivienda del puente Emperador Guillermo 2: antes, el sujeto intentó sustraer un vehículo en la localidad de Villa Ortega. En su captura, las autoridades le incautaron dos armas artesanales adaptadas al calibre .22 y diversos cartuchos, elementos que el tribunal ordenó decomisar.

Para la vida cotidiana de la Región de Aysén, el caso deja en evidencia cómo un mismo imputado pudo encadenar un intento de robo de vehículo, un ingreso forzado a una casa habitada y la portación de armamento artesanal adaptado en un mismo mes. La resolución también dispone la incorporación del condenado al registro nacional de ADN, una medida que apunta a reforzar la persecución de delitos similares en el territorio.

El fallo, sin embargo, no cierra todos los flancos: el tribunal decretó la absolución de Sáez Quilodrán de otros cargos por falta de acreditación o prescripción de la acción penal. Es decir, parte de la acusación inicial no prosperó, y la sentencia deja constancia de esas limitaciones procesales sin que el texto detalle cuáles eran esos cargos ni qué diligencias faltaron.

Con penas efectivas que suman más de ocho años entre los distintos delitos, la causa avanza hacia la etapa de cumplimiento, mientras queda por resolver cómo se fiscalizará la inhabilitación perpetua y el registro de ADN ordenados. La comunidad de Coyhaique y de Villa Ortega queda con una condena firme por los hechos probados, pero también con la interrogante sobre los cargos que la justicia no pudo acreditar.