Gobierno de Kast se enfrenta a crisis por rebaja de penas y falta de comunicación

El subsecretario de Justicia Luis Silva fue removido de su cargo el viernes, tras la publicación de un video en redes sociales donde abordó la polémica rebaja de condenas para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, violaciones de derechos humanos y extranjeros vinculados al crimen organizado, sin haber informado previamente al ministro de Justicia ni a la Secretaría de Comunicaciones. El Presidente José Antonio Kast determinó la salida de Silva, quien justificó que no consideró necesario consultar ya que su mensaje no era nuevo, ya que el ministro Fernando Rabat lo había reiterado en una comparecencia parlamentaria el miércoles anterior. “Ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía; las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, afirmó Silva en el video, según lo informó The Clinic. La publicación del material generó molestias en La Moneda, donde se señaló una clara omisión en la comunicación institucional, evidenciando una coordinación deficiente entre el subsecretario y la jefatura del ministerio. El ministro Rabat, por su parte, expresó gratitud hacia Silva por su “trabajo, compromiso y lealtad”, mientras que el exfuncionario agradeció al gobierno y deseó éxito en la gestión, en un tono formal que no oculta la tensión generada por el incidente. Este episodio refleja una crisis de confianza interna, donde la falta de alineación entre las distintas niveles del poder ejecutivo pone en evidencia contradicciones en la gestión de asuntos sensibles, especialmente en una región como Aysén, donde la justicia y la seguridad pública son prioridades críticas para la comunidad. La polémica resurme en un contexto donde el gobierno enfrenta críticas por aplicar doble estándar en casos de justicia, sin ofrecer explicaciones claras sobre los mecanismos que respaldan decisiones que afectan directamente a la población vulnerable.