Gobierno promete agilizar denuncias de acoso laboral, pero el nuevo reglamento aún duerme en Contraloría

El Gobierno ingresó a revisión de la Contraloría General de la República un nuevo reglamento para modificar los procedimientos de investigación de denuncias por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Según informó Emol el viernes 6 de noviembre, la propuesta está contenida en el Decreto N° 91 del Ministerio del Trabajo e incorpora nuevas reglas para completar antecedentes, tramitar denuncias reiteradas y determinar situaciones de mala fe. La medida llega después de que la Dirección del Trabajo registrara 92.643 ingresos asociados a la Ley Karin entre agosto de 2024 y junio de 2026, de los cuales solo 32.565 continuaron su tramitación por esa vía.

El anuncio suena a promesa de eficiencia, pero el propio texto deja en evidencia que el nuevo reglamento todavía no está vigente y debe completar su revisión en Contraloría. Una vez publicado en el Diario Oficial, comenzaría a regir después de 90 días, período durante el cual las empresas deberán actualizar sus protocolos. Es decir, el Ejecutivo anuncia cambios en la tramitación de denuncias de acoso cuando ni siquiera tiene certeza de cuándo entrarán en vigor.

Entre las modificaciones se contempla un plazo de cinco días para complementar denuncias con información insuficiente y la posibilidad de acumular presentaciones repetidas sobre los mismos hechos. La propuesta también establece que una denuncia no acreditada no podrá considerarse automáticamente maliciosa. Son ajustes procedimentales que, según el Gobierno, buscan reducir los tiempos de investigación y mejorar la respuesta institucional, aunque especialistas advierten que la rapidez no debe afectar la protección de las víctimas ni el debido proceso.

La advertencia de los especialistas no es menor: el afán por agilizar trámites podría traducirse en menos garantías para quienes denuncian. El texto no detalla cómo se compatibilizará la reducción de plazos con la protección de las víctimas ni con el debido proceso, y tampoco explica por qué recién ahora se abordan los problemas de tramitación de una ley que ya acumula decenas de miles de ingresos.

El reglamento tampoco resuelve la demora previa: los 92.643 ingresos registrados entre agosto de 2024 y junio de 2026 muestran la magnitud de las denuncias, pero solo 32.565 continuaron su tramitación. La diferencia plantea interrogantes sobre qué ocurrió con el resto y si el nuevo procedimiento evitará que se repita esa brecha, según se mencionó en Publimicro.

Mientras el Gobierno celebra la futura agilización, el reglamento sigue en revisión y las empresas tendrán 90 días para actualizar sus protocolos una vez publicado. La promesa de celeridad choca con la burocracia que el propio Ejecutivo no logra destrabar, y deja a las víctimas de acoso laboral esperando respuestas concretas, de acuerdo con lo informado por Emol.