Ortúzar y la COP31: mientras las autoridades chilenas hablan de transición, el financiamiento sigue sin llegar a los territorios

La COP31, que comienza este lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, fue planteada por su presidencia como una “COP de la implementación”. Sin embargo, Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), plantea que la prueba de efectividad de las políticas climáticas está en los datos y no en los anuncios: las emisiones reportadas, la evolución del consumo de combustibles fósiles y las transformaciones efectivamente implementadas, según se mencionó en El Mostrador. Es decir, mientras las autoridades de turno —incluidas las de la Región de Aysén— siguen acumulando declaraciones y metas, lo que se debe mirar son las emisiones reales.

Para América Latina, Ortúzar identifica un doble desafío: evitar que la transición energética reproduzca las lógicas extractivas que históricamente han marcado a la región y conseguir recursos para que los países puedan adaptarse a impactos cada vez mayores. Páramos, salares, Amazonía y océanos son, a su juicio, ecosistemas estratégicos que deben ser protegidos al mismo tiempo que se desarrolla la transición. En ese sentido, la especialista cuestiona que la transición “que ya está ocurriendo no termine siendo un nuevo capítulo en la historia del extractivismo en la región”, lo que interpela directamente a las autoridades que promueven proyectos sin estándares ambientales, sociales y de derechos humanos robustos.

El financiamiento vuelve a aparecer como uno de los principales obstáculos. Ortúzar es clara: “El financiamiento que necesita América Latina no es caridad, sino una obligación internacional de los países desarrollados”. En Antalya el desafío es cumplir con lo ya acordado, incluida la meta del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035. Pero la crítica también apunta a la falsa narrativa que presenta al gas como combustible de transición: “El gas es un combustible fósil”, sentencia, y advierte que ese planteamiento sirve de pretexto para financiar centrales, gasoductos y proyectos de integración gasífera que prolongan la dependencia que se quiere dejar atrás. Ningún peso del financiamiento climático debería destinarse a proyectos que prolonguen esa dependencia, sostiene.

En adaptación, la brecha entre lo que los países declaran y lo que efectivamente pueden ejecutar es otro punto crítico. Ortúzar advierte que existe el riesgo de “terminar contabilizando planes, estrategias e indicadores sin comprobar si las comunidades están realmente más protegidas frente a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios o aumento del nivel del mar”. Para la COP31 hay dos decisiones clave: cerrar la composición del grupo técnico que desarrollará las metodologías para aplicar los 59 indicadores de adaptación acordados en Belém, incluyendo a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales como fuente de conocimiento; y acordar cómo y con qué hoja de ruta se triplicarán los recursos para la adaptación hacia 2035, principalmente en forma de subvenciones y con acceso directo para iniciativas locales.

Respecto de los combustibles fósiles, la especialista es realista: no es esperable que la COP31 convierta las vías paralelas en una política internacional con plazos y mecanismos de seguimiento vinculantes. Pero sí puede dar pasos concretos para avanzar en su reconocimiento como parte de las negociaciones oficiales. Recuerda que en Dubái los países reconocieron por primera vez la necesidad de transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles, de manera justa, ordenada y equitativa, y que en la COP30 la hoja de ruta para hacerlo quedó fuera del texto final. De ese estancamiento surgieron dos procesos paralelos: una hoja de ruta impulsada por la Presidencia brasileña y la Conferencia de Santa Marta, liderada por Colombia y los Países Bajos. Aunque no forman parte de la negociación oficial, muestran que los países que sí creen en la necesidad de actuar están buscando avanzar.

Finalmente, Ortúzar define un resultado concreto que permitiría decir que la COP31 produjo un avance real para América Latina: que el mecanismo de transición justa, conocido como BAM, entre en funcionamiento con representación efectiva de pueblos indígenas, comunidades y trabajadores en su gobernanza, y con una vía concreta para que el financiamiento llegue directamente a los territorios. El avance se podría medir en un año, viendo si el mecanismo está constituido y quiénes participan de su gobernanza; en tres, cuánto financiamiento se ha logrado canalizar y cuánto llega de forma directa a las comunidades; y en cinco, si hay planes nacionales de transición justa y de salida de los fósiles que ya se estén implementando. Otro resultado deseable sería el reconocimiento oficial de las vías alternativas para dejar los combustibles fósiles, pues significaría construir sobre la primera piedra que dejó la COP30, de acuerdo con lo informado por El Mostrador.