Rabat llega a la Comisión Mixta de Presupuestos con la derecha dividida y una acusación constitucional que suma apoyos

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrentará este martes la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso en medio de una derecha dividida y un respaldo creciente a la acusación constitucional en su contra, según lo informado por El Mostrador. La oposición lo vetó el lunes como “interlocutor válido” y lo declaró “persona non grata”, mientras el libelo reuniría hasta ahora cerca de 80 votos, superando los 78 necesarios para aprobarse en la Cámara y pasar al Senado.

La crisis se desató luego que el Presidente Kast blindara a Rabat tras la polémica por los decretos que firmó y que rebajan las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. La encuesta Cadem del 1 de noviembre registró un 70% de desacuerdo con la decisión de Kast de mantener al ministro, seis puntos más que el 27 de octubre; la desaprobación de Rabat alcanzó el 78% y la aprobación presidencial descendió del 29% al 26%. El costo político es evidente: un 81% de los consultados considera que Rabat debió ponderar también las consecuencias políticas y sociales de sus decisiones.

La contradicción del oficialismo quedó expuesta en la Cámara el 29 de octubre, cuando la Corporación aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones una resolución que solicitaba la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Seis respaldos provinieron de Chile Vamos: Carlos Chandía (RN), Alejandra Valdebenito (UDI), Ximena Naranjo (UDI), las independientes Marlene Pérez y Natalia Romero, y Hotuiti Teao. Ese día 12 diputados de oposición estuvieron ausentes, y en la oposición calculan que si esos apoyos se repitieran y se sumaran los ausentes, la acusación podría alcanzar cerca de 80 votos.

Las diferencias internas son profundas. La diputada Marlene Pérez situó su lealtad en los niños; Hotuiti Teao manifestó disposición a respaldar una acusación constitucional, mientras Omar Sabat pidió la salida del ministro al considerar que su permanencia perjudica al Gobierno. En el Senado, María José Gatica (RN) argumentó que el ministro debió asumir el costo político mediante su salida, evitando trasladarlo al Presidente Kast; Andrés Longton (RN) defendió su continuidad y pidió fortalecer su asesoría política, lo que provocó su renuncia a la subjefatura de la bancada RN. La disputa también enfrentó a las directivas: Arturo Squella respondió a Hernán Larraín con una alusión a Paul Schäfer, y Ramírez y Luciano Cruz-Coke cuestionaron sus palabras.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostiene que no corresponde acusar a un ministro por cumplir la ley, argumento que choca con el 81% de los consultados que exige ponderar las consecuencias. Squella aseguró tener la esperanza de que todas las bancadas oficialistas respaldarían al ministro ante el libelo opositor, aunque parlamentarios de Chile Vamos mantienen sus críticas y solicitudes de renuncia. Gonzalo Arenas admitió una crisis y señaló que el Ejecutivo todavía no conseguía alinear a todos sus parlamentarios.

La oposición afina los últimos detalles del libelo y evalúa presentarlo este martes, el miércoles o el lunes siguiente; el análisis técnico indica que hacerlo el miércoles por la tarde traslada la cuenta formal al lunes subsiguiente, al no existir sesión de Sala el jueves. Desde el sector impulsor rechazan que la acusación tenga carácter testimonial y sostienen que “votos habrá”, advirtiendo que el solo ingreso del libelo obligará a los parlamentarios oficialistas a fijar posición y podría exponerlos públicamente como respaldando la controvertida decisión de Rabat. Otros sectores advierten que la aprobación no está asegurada y dependerá de la presión ciudadana, mientras estiman que “la alta presión sobre la autoridad forzaría su renuncia”.